lunes, 26 de noviembre de 2012

EDITORIAL LUPA CIUDADANA 96


26 de noviembre de 2012

El Gobierno de Campeche falta a la verdad en cuanto a información equivalente que entrega, esto queda evidenciado en dos resoluciones.

En la versión pública de la resolución folio 01/0002904/11, cuya solicitud fue presentada con fecha del 29 de agosto de 2011 dice lo siguiente:

"En el programa de vivienda que impulsa la administración del Lic. Fernando Ortega Bernés se han invertido $59, 294,303.21, a través del extinto Instituto de la Vivienda del Estado de Campeche (INVICAM) y hoy a través de la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), traducidos en 1,187 viviendas en 6 municipios del Estado en el ejercicio 2010".    

Por otro lado, en la resolución folio 01/0002922/11 cuya solicitud fue presentada con fecha 5 de septiembre de 2011 dice lo siguiente:

- "De las 7,926 viviendas referidas en la solicitud y reportadas en el II informe de Gobierno, solo 1,187 corresponden a una inversión directa del Gobierno del Estado a través de su organismo Estatal de Vivienda.

- Las 1,187 viviendas, se edificaron con el ejercicio presupuestal 2010.

-En el período septiembre diciembre 2009 no hubo inversión en edificación de viviendas.

- En el período enero-junio 2011 no contempla inversión en las viviendas referidas. La inversión se reflejará en las viviendas reportadas para el III informe de Gobierno.

En consecuencia, a continuación se informa el monto ejercido con recursos estatales:

Ejercicio 2010

$101, 060,370.44".

Como se podrá observar, para las 1,187 viviendas y el ejercicio 2010, en la resolución folio 2922/11 del 5 de septiembre de 2011 se reconoce una inversión de $101,060,370.44 (ciento un millones sesenta mil trescientos setenta pesos 44/100); mientras que en la resolución folio 2904/11 del 29 de agosto de 2011 para las mismas 1'187 viviendas y para el mismo ejercicio 2010, sólo se reconoce $ 59,294,303.21 (cincuenta y nueve millones doscientos noventa y cuatro mil trescientos tres pesos 21/100); es decir, $ 41,766, 067.23  (cuarenta y un millones setecientos sesenta y seis mil sesenta y siete pesos 23/100) menos.

El proporcionar datos diferentes con referencia a respuestas de información que deben ser equivalentes, va en contra de la legalidad, veracidad, ética y honradez del Gobierno y sus funcionarios.

El colmo es lo que dice el tercer informe de gobierno  de manera desvergonzada: "partiendo de los conceptos de calidad y confiabilidad esta administración tiene la premisa de entregarle a la ciudadanía un registro detallado y confiable de los ingresos, así como de los gastos generados en el periodo en que informamos".

"La información por consiguiente tiene no sólo que ser pública sino también verídica"

(El subrayado es mío)

Con estos elementos se evidencia a éste gobierno, se demuestra que engaña al ciudadano, aunque en el discurso y la letra del informe pretende hacernos creer que avanza cuando en realidad retrocede, intenta vender rectitud pero muestra lo contrario, vive de la retórica permanente pero no fundamenta ni entrega resultados; por eso se le exhibe por lo que es, y no por lo quiere aparentar.

El Poder Ejecutivo viola el Artículo 53 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado de Campeche; el famoso Acuerdo del Ejecutivo donde se establece el Código de Ética al que deberán sujetarse los servidores públicos, de fecha 13 de mayo de 2011, o sea que fue suscrito por la actual administración; y la tesis P. LXXXIX/96 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: garantías individuales (derecho a la información), se establece la violación grave prevista en el segundo párrafo del artículo 97 constitucional. Configura el intento de lograr la impunidad de las autoridades, y por infringir el artículo 6º también constitucional.

La tesis de la SCJN describe que ese proceder, conlleva a considerar que existe la propensión de incorporar a nuestra vida política, lo que podríamos llamar la cultura del engaño, de la maquinación y de la ocultación, en lugar de enfrentar la verdad.


(El subrayado es mío)


Las preguntas serían: ¿cuándo va a despertar Campeche? ¿será la resignación y sumisión el tema relevante de la sociedad?

Recordemos lo que dijo Pablo Gómez: "Sólo los rebeldes cambian al país; los sumisos terminan por ser cómplices del poder".


lunes, 6 de agosto de 2012

EDITORIAL LUPA CIUDADANA 95


Campeche 6 de agosto de 2012

La improductividad que quiere justificar como "progreso" este gobierno, indica que al gobernante le preocupa más la forma que el fondo, el cambio de lema al avance, la frivolidad ante la obligación de probar el real desempeño. Cada vez más, se demuestra que esa será la tónica, intentar a toda costa ocultar su declive.

Un gobierno que hace poco pero presume mucho, que mantiene a los panegiristas recurrentemente aplaudiendo y alabando, lo que los hace cómplices por conveniencia de la intrascendencia, y por lo tanto corresponsables del retroceso de Campeche.

Lo irrelevante del gobierno que ni es ni fue Justo y Solidario,  es pretender confundir con el cambio de lema, ocultando el retroceso con la muestra de lo trivial, aunque cada vez le cuesta más esconder lo evidente.

Muchos de sus  alabadores en silencio sí critican y descalifican sus actos, cuestionan la parafernalia recurrente de la entrega de lo intrascendente en los actos, la demagogia, la falta de realidad y poco contenido  de sus discursos. Pero el mutismo no colabora a la movilidad del gobierno, al contrario, contribuye a detener o retroceder porque justifica.

Si el gobierno de verdad fuera evaluado: se encontraría que  maquilla y miente con la información relevante que se le solicita (ej. maquiladoras, vivienda, publicidad oficial; desacata mandatos judiciales ej. nómina, concesiones del transporte público).

Por eso éste gobierno, está impedido moral y éticamente a usar la palabra "progreso" como lema, porque su ejemplo lo derrota.

Los ciudadanos debemos ser pesimistas como decía José Saramago, porque los optimistas están encantados con lo que hay.





martes, 24 de abril de 2012

EDITORIAL LUPA CIUDADANA 94



El actual gobierno de Campeche parece dividirse en dos períodos, el primero que va terminando, y el segundo bajo el comando de los hermanos de la docena trágica que se convierte en quincena.

El gobernante decide doblegar a los suyos demostrando el rendimiento propio ante el pasado, donde pareciera que predominan los compromisos históricos que lo lleva a disminuir su gobierno, y claudica por no hacer lo correcto.

Decide entregarse a la vorágine política provocada y aprovechada, y que por simple lógica ha servido para debilitarlo cada vez más. Ha dado las facilidades para hacerlo, al tener en su gabinete a personajes improvisados (con ambiciones permanentes), que demostraron poco oficio en el manejo de la política y abonaron en menguar la administración en vez de fortalecerla.


Vemos al que fue doblegado, tomar la decisión por el silencio, la resignación, como si la lealtad incluya ser un genuflexo constante; decide no revelarse y acatar sin mostrar rebeldía, dignidad. Actúa con pánico ante la disyuntiva por proceder de otra manera, decide moverse en lo cómodo como si fuera su habitat, es más fácil la quincena y anexas que la búsqueda de oportunidades distintas, y ese individualismo del que se dobla, tiene un efecto regresivo para el estado.

El gobernante va cediendo paulatinamente la plaza al pasado y el futuro ahora parece ser de otros, por eso hay que valorar que es tan grande para hacerlo, esta apreciación es respaldada por la indecisión a destapar, a avalar en vez de castigar; opta por conceder en lugar de enderezar, lo cual solo sirve para la conservación del statu quo y hace disfuncional la administración.

Un gobierno que remedia no cambiando sólo maquillando, no corrige de fondo sólo de forma, aplica el uso de la retórica constante con el propósito de desviar la atención para no moverse, y cuando lo hace, es para retroceder o para justificar.

Este gobierno ha decidido pasar por lo que dijo Groucho Marx: "Hacer de la política un arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados", pareciera que ya adelantó su fin.






jueves, 19 de enero de 2012

EDITORIAL LUPA CIUDADANA 93

19 de enero de 2012

El Poder Ejecutivo entrega información inverosímil que solo abona a la fama nacional de opacidad que tiene el estado de Campeche, ya que envía al solicitante datos que son prácticamente increíbles.

Un ejemplo de esto, es lo relacionado con la cantidad de litros de combustible que utilizó el Poder Ejecutivo en los meses de septiembre y octubre de 2009, donde describe que tuvo un consumo idéntico para cada mes de 603,413.20 litros, lo cual hace imposible considerar esta respuesta como verdadera, ya que hasta las décimas son idénticas, como se describe en la resolución folio 01/0002148/10. 

La ciudadanía exige información veraz del que gobierna, porque con esa actitud se genera desconfianza con respecto al uso de recursos públicos, ésta muestra justifica la relevancia de la observancia permanente. 

Es fundamental que el ciudadano esté consciente que puede y debe exigir al servidor público que intenta ocultar, porque ante lo incomodo, pretende usar la apariencia para eludir la entrega de lo correcto.

La sociedad debe ser un persistente vigilante ante la libertad que tiene el funcionario en el reparto de gran parte del dinero público, porque éste, muchas veces es utilizado para que lo cortejen, para que lo justifiquen y no le cuestionen las acciones indebidas; también puede ser usado en beneficio de amigos, para financiar campañas políticas, o favorecerse a través de prestanombres para proveer bienes y servicios al gobierno.

El constante malestar del funcionario por aclarar el uso de los recursos públicos, hace intuir que existe un manejo poco claro del mismo y que en el fondo lo incomoda, porque la ciudadanía tiene una herramienta que le permite analizar y evidenciar su actuación.  

La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para la gobernanza, porque fortalece los equilibrios entre sociedad y gobierno, orientando a la administración pública hacia una mayor eficacia y mejor ordenación. 

Por ello, seguiremos demandando que se actúe en consecuencia con la obligación encomendada al funcionario, y se deje el uso constante de la simulación.

Y como dice Denise Dresser: "Los buenos gobiernos se construyen con base en buenos ciudadanos y sólo los inconformes lo son".

domingo, 13 de noviembre de 2011

EDITORIAL LUPA CIUDADANA 92

Campeche sale mal parado al ser evaluado y comparado con el resto del país.

El documento denominado: ¡Reprobadas! las leyes que rigen las compras públicas, publicado en la revista Política Digital edición octubre/noviembre del presente año. http://www.politicadigital.com.mx/?P=leernoticia&Article=21123
 
En este estudio se evalúan las leyes de adquisiciones y arrendamientos de bienes y servicios, tanto del gobierno federal como de todas las entidades de la república incluidos el distrito federal. 

En la evaluación general, en una escala de 0 a 100, donde 100 le correspondería al mejor evaluado, Campeche obtiene la calificación de 37.8, solo por arriba de Zacatecas, Jalisco, Yucatán y Guerrero; ocupando el lugar 29 en todo el país.  


En prácticas no deseadas, señala que la Ley en la materia de Campeche y Chihuahua, no consideran recurso alguno contra el fallo del procedimiento de adjudicación.

También detectan que Campeche, Guerrero y Yucatán, son los estados que tienen reformas menos recientes en la materia, y obtienen las calificaciones más bajas.

En otro estudio titulado: ¿Por qué gastan así? Ranking de normatividad estatal del gasto público, elaborado por El Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC). http://www.cidac.org/esp/uploads/1/Ranking_de_normatividad_estatal_del_gasto_pu__blico-web_2.pdf
 
Muestra vacíos legales del gasto público, y considera que esas deficiencias en el marco normativo dificulta su evaluación y análisis.

Este estudio evalúa normatividad relacionada con el gasto público del país, se generó un ranking donde se calificaron cinco leyes: Contabilidad Gubernamental, Coordinación Fiscal, Deuda Pública, Fiscalización y Transparencia.

Campeche obtuvo en el Ranking de normatividad estatal del gasto público, el lugar 30 de los 31 Estados de la República considerados en la valoración nacional de las cinco leyes, al obtener en una escala de 0 a 100, donde 100 le correspondería al mejor evaluado, la calificación de 43; aclarando que no se incluye en el estudio al Distrito Federal por no tener una normatividad establecida o equivalente.

Por si fuera poco para Campeche, la calificación que obtiene el Estado con respecto a Fiscalización es: Cero y Último Lugar.

Estos estudios, ponen en evidencia el atraso que tienen varios estados de la república, pero Campeche es protagonista con relación a la falta de reformas en sus leyes, sobre todo con las que son vinculantes con el gasto público y la rendición de cuentas.  

Por ello, debemos ser desconfiados al discurso del Gobernante, porque muchas veces se cae cuando se mide.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

TRANSPARENCIA EN CAMPECHE O ARGUCIAS LEGALOIDES


Una de las formas que utiliza el poder público para impedir que información relevante llegue a manos de los ciudadanos es declarar la inexistencia de la información, resolver simple y llanamente que los datos o documentos solicitados por los interesados no existen en los archivos de los entes públicos responsables de su resguardo y conservación.

Para ello utilizan fórmulas legaloides que no tienen nada que ver con la transparencia y que pisotean los principios que rigen el derecho de acceso a la información pública plasmado en el Artículo 6º Constitucional y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Los entes públicos le apuestan a que la información nunca saldrá de sus archivos en virtud de que aún y cuando la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC) falle en su contra, lo más que puede pasar es que turnen el caso a la Secretaría de la Contraloría, tratándose de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado, o al respectivo órgano interno de control, tratándose de los demás poderes, y allí dormirá el sueño de los justos, ya que dichas instancias que deberían ser autónomas, en la práctica están sujetas al arbitrio de los Titulares del Poder Ejecutivo y de los demás Poderes del Estado; además, la legislación que les rige es muy laxa, pues no existen plazos definidos y expeditos para resolver los casos.

Es decir, ahora ya ni siquiera los sujetos obligados tienen que justificar ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante un recurso de revisión en contra de la COTAIPEC, que la información que se niegan a otorgar y que clasifican como reservada o declaran su inexistencia, es realmente información cuya publicidad dañaría los intereses tutelados por la Ley y que iría en contra del interés público.

Al no tomarse la molestia de iniciar un recurso de revisión ante el citado Tribunal, la estrategia de los entes públicos opacos radica en hacer como que cumplen las resoluciones, pero finalmente no satisfacen el derecho que les asiste a los solicitantes con la entrega de la información requerida.

Esta es la estrategia que ha seguido en varios casos la Unidad de Acceso Común del Poder Ejecutivo del Estado, incluso en casos ya revisados por el Tribunal y declarados como sobreseídos o desechados, es decir, aún y cuando las resoluciones de la COTAIPEC han quedado firmes, lo cual se traduce en que no tienen más recurso que cumplir con el mandato de la COTAIPEC, aun así, se niegan a dar cumplimiento a las resoluciones y a entregar la información solicitada.

Nos preguntamos, ¿dónde quedó el compromiso hecho por el Gobernador del Estado con la transparencia y el derecho de acceso a la información de su gobierno?, ¿hablaba sólo de la información que no le comprometiera políticamente?, ¿se excluía de este compromiso a toda aquella información comprometedora relacionada con la obra pública de sexenios anteriores, como lo es la relativa a las maquiladoras?

Veamos casos específicos: En relación al programa de las maquiladoras textiles promovidas durante el sexenio de Antonio González Curi, el Gobierno del Estado construyó alrededor de 18 naves con recursos públicos estatales, mismas que se entregaron en comodato a inversionistas foráneos para instalar dichas maquiladoras, con el compromiso de ser adquiridos por las empresas maquiladoras a través de contratos de compraventa, los cuales se duda de que hayan sido realizados de manera correcta, porque en varios de ellos no aparece la firma del secretario de finanzas de ese entonces. 

El resultado final de este programa fue con saldos negativos en perjuicio del erario estatal, ya que aparte de que no se respetaron los plazos establecidos en la Ley, se otorgaron un sinnúmero de facilidades y con la información que se tiene solo deja mayores dudas, porque gran parte de esos recursos no han sido recuperados por el gobierno.

Al respecto, la Unidad de Acceso Común del Ejecutivo negó información relevante para conocer la situación real que prevaleció en dicho programa, como lo es la relativa a los nombres de las empresas que construyeron las 18 naves de las maquiladoras cuyos antecedentes se comprobó que se encuentran en poder de las anteriores Secretarías de Desarrollo Industrial y Comercial (SEDICO) y de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPCE), convertidas en las actuales SEDICO y SEDUOP, y que por arte de magia desaparecieron los archivos de la construcción de las naves, ya que las dos alegaron por conducto de la Unidad de Acceso Común, que dicha información no obra en sus archivos, es decir, es inexistente, pero no comprobaron su dicho, en términos jurídicos, no fundaron ni motivaron su resolución.

Aún y cuando la COTAIPEC reiteró su decisión al quedar firme y causar estado su resolución al recurso de revisión interpuesto por el solicitante, el Gobierno del Estado se negó a entregar la información y persistió en su declaración de inexistencia, por lo que el órgano de transparencia turnó el caso a la Secretaría de la Contraloría para fincar las responsabilidades de ley a los funcionarios responsables de no acatar tal resolución, y estando a un año de lo anterior, aún no hay resultados ni pareciera que los vaya a haber, ya que no hay la voluntad y el compromiso de entregar la información que es pública, tenemos la interrogante de por qué la COTAIPEC no ha insistido para garantizar el acceso a la información pública en poder de la autoridad, y no exige el cumplimiento ante el superior jerárquico de los funcionarios responsables de acatar sus resoluciones.

El otro caso que queremos significar, es una respuesta a una solicitud de información interpuesta ante la Unidad de Acceso Común con la cual el interesado solicitó las copias de las pólizas de cheques de los anticipos entregados por el Gobierno del Estado a los constructores de cada una de las citadas naves maquiladoras.

La respuesta de la Unidad de Acceso Común fue vaga, no declara la inexistencia, pero prácticamente niega tal información, alegando el Artículo 55 de la obsoleta Ley de Obras Públicas del Estado, que establece que la documentación comprobatoria del gasto en obra pública será conservada cuando menos por un lapso de cinco años.

Es decir, una solicitud de transparencia la resuelven con una disposición de una Ley de Obras Públicas anterior a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que en su artículo Sexto Transitorio derogó todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a dicha Ley.

Por lo tanto, el nuevo régimen de la transparencia y acceso a la información pública no puede ser suplantada por una disposición cuya antigüedad data del año de 1984, como lo es el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas del Estado, por lo que todo archivo o documento en poder de las dependencias y entidades públicas estatales al momento de la publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública deben sujetarse a la nueva legislación en la materia, que incluye los “Lineamientos Generales para la organización y conservación de los Archivos Públicos del Estado de Campeche”, que establece en su Artículo Vigésimo Cuarto que, tratándose de la documentación que ampare inversiones en activos fijos y en obras públicas, deberá conservarse como mínimo un período de doce años.

O sea, la política de cerrazón y de opacidad del actual gobierno se le revierte y se pone a sí misma una soga al cuello al imponerse una disposición que no le permitirá entregar información de su mismo período incluso antes de concluir el sexenio, ya que la obra realizada en el primer año estará ya depurada y dada de baja en el sexto año de la propia administración.

¿Es esta la transparencia muchas veces presumida por el actual gobernante y repetida hasta el cansancio por sus colaboradores, que deben apegarse estrictamente a la Ley y lo que hacen es violarla y pasar por encima de un derecho fundamental como lo es el acceso a la información pública?

Y de manera fresca declaran que la información no existe en sus archivos, sin que certifiquen documentalmente su destino, su destrucción o su baja, tal y como lo establecen los lineamientos citados; ¿pueden legalmente los funcionarios públicos destruir información sin que se sigan los procedimientos legales para ello?, o es que ¿se consideran tan dueños o propietarios de los documentos que pueden desaparecerlos a su arbitrio?

Mientras los ciudadanos sigamos teniendo este tipo de respuestas, evadiendo las obligaciones que impone la Ley de Transparencia, alegando leyes obsoletas para justificar su opacidad, ocultando información para no rendir cuentas del destino de los recursos públicos, cubriendo los malos manejos realizados por administraciones o funcionarios actuales o anteriores, seguiremos exigiendo el cambio que ambicionamos: la rendición de cuentas efectiva y cierta de los gobernantes hacia los gobernados, que entiendan que son servidores públicos y no están para valerse del poder público en perjuicio de los ciudadanos.

Por otro lado, que entiendan los comisionados que no se trata solamente de resolver los casos a favor de los recurrentes y de los solicitantes de información; su compromiso debe ir más allá de un simple quehacer burocrático y administrativo, y no como lo ha demostrado su Comisionado Presidente al declarar enfáticamente a favor de la definitividad en el cuarto informe de la COTAIPEC y contradecir su posición en declaraciones recientes al recomendar reformas a la legislación que rige al Tribunal Superior de Justicia del Estado, para que los recursos de revisión que los entes públicos interpongan en contra de las resoluciones de la Comisión tengan plazos más cortos, declaración que en nada favorece a la consolidación de la transparencia y el derecho de acceso a la información en el Estado, esperemos que lo anterior no se traduzca en más reformas regresivas en materia de transparencia y acceso a la información pública en lo futuro en nuestro Estado.

Esperemos también que los Comisionados de la COTAIPEC asuman su compromiso con la sociedad, que ante la cerrazón de los poderes del estado, se conviertan de manera abierta en defensores de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública, que denuncien públicamente a las autoridades opacas e incumplidas, que demanden ante el mismo Titular del Poder Ejecutivo y los Titulares de los otros poderes del Estado el cumplimiento de su compromiso con la transparencia, pues en casos muy concretos ha habido de parte de estos poderes de opacidad y turbias intenciones en la entrega de la información, sobre todo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, amparados sus Titulares en una legislación que requiere urgentemente de profundas reformas, entre las que se incluyen otorgarle definitividad e inatacabilidad a las resoluciones de la COTAIPEC y que se establezcan sanciones y medidas de apremio directas y eficaces para que la Comisión haga cumplir sus disposiciones. 

viernes, 12 de agosto de 2011

EDITORIAL LUPA CIUDADANA 91

Campeche 12 de agosto de 2011
El pretender congraciarse ahora con el pueblo de Campeche por quitar parcialmente la tenencia vehicular para el 2012 es simular, ya que el Gobernador todavía en julio pasado justificaba con vehemencia su cobro, incluso decía que era un acto de irresponsabilidad para quienes pedían quitarla.
Entonces por analogía se debe asumir que tanto Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila del Estado de México, e Ivonne Ortega de Yucatán, al avalar el quitar la tenencia vehicular en sus respectivas entidades son irresponsables.
Además, no tiene lógica el cambio inesperado del Gobernante y deja la interrogante, ¿será que si las elecciones fueran en el 2015 hubiera tomado la misma decisión?, o la razón puede ser las elecciones del 2012.
Y más aún, se fundan dudas de la buena voluntad del Gobernante, cuando desde finales del 2009 y principios del 2010 el ciudadano le cuestionaba su cobro, y éste declaraba que era imposible prescindir de ese ingreso porque era indispensable para el desarrollo de infraestructura.
Actualmente observamos a los panegiristas -tanto los cobra bien, como los queda bien- alabando el acto pero no entran al análisis del motivo, y que en el pasado se rasgaban la vestidura justificando su cobro.
Recordemos que desde el año pasado se pudo quitar la tenencia por la actual administración, ya que tuvo ingresos excedentes por más de dos mil millones de pesos a lo presupuestado, y que por voluntad política debería especificar de manera desmenuzada en que se utilizó ese sobrante.
Por otro lado, en los anexos del mamotreto electrónico del segundo informe describe, que en el período del 1 de julio de 2010 al 30 de junio de 2011, el gobierno tuvo ingresos por más de quince mil millones de pesos; o sea, que si sigue esa tendencia, mínimamente se tendrán excedentes por encima de los mil seiscientos millones de pesos respecto a lo presupuestado.
Esto muestra que el problema no ha sido el ingreso, sino en cómo se ejecuta el gasto.
No se cuestiona el próximo beneficio, sino el motivo por cambiar repentinamente de decisión y el fondo de la razón.